DE LA ÉTICA DEL DISCURSO

Históricamente la humanidad ha asociado la ética a la busca del bien superior, del bien común para la mayoría, a la conciencia interna que vincula el deber con la conducta y por supuesto, a la objetividad como esfuerzo humano, que intenta despojar de subjetividad todo raciocinio y comportamiento humano. Los cristianos la han vinculado a la sabiduría o luz celestial que nos permite distinguir el bien del mal, la brújula que invariablemente nos orienta hacia el bien supremo ante las variadas situaciones que se enfrentan en el transcurrir de la vida humana. Aplicar ese marco referencial a la política venezolana y sus actores obligatoriamente conduce a comprender los errores y aciertos de cada uno, lo cual debería conducir a la reflexión de asumirlos, disculparse y corregir el rumbo hacia el reencuentro de los venezolanos en un camino común, distinto a los hasta ahora transitados, donde podamos caminar y convivir todos. Los errores de la cuarta pasan por los desaparecidos en sociedad con la guerrilla de esa época, hasta las malas decisiones que dieron origen a la corrupción y la inflación, mientras que los errores de la revolución pasan por la convivencia y/o potenciación de los males de la cuarta, léase corrupción e inflación, hasta el sectarismo exacerbado que les impide siquiera analizar otro punto de vista distinto al del gran caudillo. Sin esa chispa de genialidad que permita comprendernos como seres desbalanceados (análogos a los rines de los cauchos de los vehículos), que necesitan una contraparte para equilibrarse, nunca encontraremos el camino hacia el progreso sostenido y sustentable. La aseveración anterior aplica para ambos bandos, pero sobre todo para los revolucionarios comunistas que no solo detentan el poder, sino que se han mostrado intransigentemente intolerantes. Tal cual los refranes no hay peor ciego que el que no quiere ver y Dios no le da cacho a burro, ninguno de los bandos es capaz de identificar sus fortalezas y sus debilidades y ver la complementariedad que representa su adversario a las mismas, cual si fueran el Ying y Yang de la política. Es pertinente aclarar que ninguno de los dos bandos monopoliza exclusivamente lo bueno o correcto ni lo malo o incorrecto, existen sus matices y de allí el beneficio evidente de complementarse. Sí los comunistas revolucionarios se autoevaluaran, comprenderían que han dilapidado un manantial de dinero en su incapacidad de crear riqueza; por su parte, sí los capitalistas vieran con ojo crítico su accionar, se darían cuenta que se han venido olvidando del prójimo embobados en el bienestar y el placer que les ha proporcionado su creación de riqueza. En pocas palabras, unos incapaces de crear riqueza tal vez por su dogma negador de la rentabilidad y el capitalismo y los otros insensibles a la miseria humana que se iba formando a su alrededor. Hay que ser bien “taparita” para no darse cuenta de los maravillosos resultados que pudieran obtenerse, con solo la disposición de escucharse los unos a los otros y asumir el compromiso de entender los distintos puntos de vista.
Regresando al enigma de la ética discursiva, luego de poner en contexto el accionar de ambos bandos, se puede iniciar el análisis de los elementos descollantes y repetitivos en el discurso del comunismo del siglo 21 (basta de eufemismos, es de hombres llamar las cosas por su nombre). El señalamiento de que la riqueza es mala y la satanización de los ricachones por poseerla tantas veces esgrimido por el líder comunista de la revolución, se aparta de la ética discursiva al dejar de lado la proporción de los recursos provenientes de la riqueza creada por los ricachones, que a través del IVA y el ISLR sirve para sufragar parte de los programas sociales o misiones. La verdad inocultable, que a su vez es uno de los pilares sobre los que descansa la ética, señala que para satisfacer las necesidades de los seres humanos se necesita riqueza, sin ella es imposible implementar ningún programa social o ayuda a las clases excluídas. Otro aspecto vinculado a la ética discursiva es el vaivén retórico a nivel presidencial cual veleta al viento, en cuanto a la reubicación de los pobladores de los cerros, porque si bien es cierto que él no los creó, no puede dejarse de lado que muchas de sus políticas han estimulado la habitabilidad del cerro. Baste recordar el programa barrio tricolor, rancho por vivienda o su afirmación de que a él le gustaría vivir o sería feliz en un rancho, o incluso su propuesta a mediados del año pasado de perforar en los cerros hasta la roca madre para construir “viviendas dignas” en ellos, incluso de varios pisos, para ahora percatarse de que los cerros se están desmoronando. Gracias Espíritu Santo que le iluminaste la mollera y ahora apunta en otra dirección, no optima, pero al menos mejor que aquella. Oremos porque no ocurra lo de siempre, es decir, que tratando se solventar un problema se crea otro peor, dada la premura que el momento político impone a los que se aferran al poder a como de lugar. La diatriba generada por la forma como se otorga la Ley Habilitante, viene como anillo al dedo para el debate ético moral del acontecer político nacional, ya que nadie en su lucidez y sano juicio, puede negar el irrespeto a la voluntad popular que allí se produjo, cuando la AN moribunda “bypassea” a la recién electa hipotecando sus funciones por 18 meses. Que el presidente decida acortarla reduce la inmoralidad, pero en ningún momento evita su ilegitimación, al desconocer la autonomía y soberanía de la nueva Asamblea para decidir sobre una ley que compromete sus potestades. Nada más que por el tiempo que ha pasado desde que se aprobó la mencionada ley y las pocas medidas que se han implementado, es razón para pensar que tan eficiente y efectiva puede ser dicha medida, considerando que la nueva asamblea dispone de 165 seres humanos electos específicamente para el fin de legislar; los cuales, trabajando en sesiones extraordinarias, arrojarían un mejor resultado y en menos tiempo. Solamente considerar el numero de personas dedicadas exclusivamente a la emergencia de los damnificados por el ejecutivo, en comparación con los 165 diputados, cuya experticia en diferentes campos del acontecer nacional se desprecia y desperdicia, pone de relieve lo acomodaticia, servil y bribona que fue la decisión inmoral tomada por la anterior asamblea. ¿Por qué la AN moribunda terminó con sesiones extraordinarias no vinculadas a los damnificados y la nueva AN arranca a media máquina con sesiones ordinarias de duración y frecuencia reducida? ¿Por qué despreciar y desperdiciar un foro donde las dos visiones de país pueden complementarse unos a otros, generando en muy corto tiempo legislación pertinente a la emergencia? La respuesta que a esas preguntas haga el ciudadano común tocan la médula del contenido ético de la aprobación de la habilitante:¿se necesitaba o no? Sí se necesitaba, ¿Cuál era la urgencia que no se esperó la instalación de la nueva AN, vista la lentitud con que se toman las medidas? ¿Por qué no hay coherencia entre la apresurada aprobación de la habilitante, las sesiones extraordinarias en Diciembre y el arranque a paso de tortuga en Enero de la nueva AN? Otro punto de ética dudosa es el eufemismo de unificación cambiaria para disfrazar la devaluación, ya que al desaparecer el tipo de cambio a 2.60 Bsf/$, la tasa promedio ponderada de cambio de la nación obligatoriamente se desplaza hacia arriba y eso es la definición clásica de una devaluación. ¿Qué se persigue cambiándole el nombre a las cosas? ¿Es ético intentar manipular o engañar con ese tipo de artilugios lingüísticos? Un simple cálculo aritmético lo demuestra: suponga que el 53% de las transacciones se realizaban a 2.60 Bsf/$, el 30% a 4.30 Bsf/$, el 12% a 5.30Bsf/$ (sitme) y el 5% restante a libre 7.5 Bsf/$. Eso da un ponderado de 3.679 Bsf/$. Al pasar las transacciones de 2.60 a 4.30 y permaneciendo lo demás igual, esa tasa ponderada se recalcularía así: 83% a 4.30, 12% a 5.30 (sitme) y 5% a libre 7.50 Bsf/$ para un resultado de 4.58 Bsf/$, o lo que es lo mismo una devaluación en el orden del 25% de la tasa promedio ponderada. Cumplo con aclarar que las proporciones y los valores son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ya que solo se persigue el fin didáctico que ilustre la manipulación del lenguaje al llamar la medida unificación cambiaria. Ejemplos de ese mismo tipo también adornan las discusiones de la nueva AN, veamos algunos: El caso de la donación hecha por Pdvsa a Primero Justicia y recibida por el diputado Julio Borges, no se puede ver como un delito sin mostrar evidencia de que el dinero fue mal empleado (uso distinto al que lo motivó), o que se violaron los estatutos de la petrolera para entregar donaciones o se infringió alguna ley con eso. El solo hecho de que hayan pasado 12 años sin acción legal que haya procedido habla por si solo. Ahora, si lo que se quería argumentar era que Pdvsa daba regalos a partidos políticos o fuerzas afines, el punto es válido; pero, ¿con que ética se habla sin mostrar de donde salen los pagos para los desfiles de autobuses, de todas clases y tamaños, que trasladan a los simpatizantes del PSUV a sus actos y concentraciones? O ¿De donde salen los reales con que se adquirieron las sedes del PSUV en las distintas regiones del país, en tan corto tiempo? O ¿quién paga los recintos cerrados donde se efectúan actos de ese partido? Obviamente, no es buena política ver la paja en el ojo ajeno sin revisar la viga en el propio. Sobre ese mismo tema, otro diputado puntualizó que las donaciones permitieron consolidar sólidas relaciones internacionales con los países del continente y a nivel mundial, lo cual trae al tapete un concepto vil del ser humano, no cónsono con los valores humanistas y altruistas que se dice profesar. Sería lamentable tener que reconocer que las lealtades y apoyos con que cuenta la nación han sido comprados en base a regalos, así como es lamentable, que mientras los habitantes de Vargas no ven que avance la reconstrucción luego de la vaguada, se regalan pingues cantidades a países extranjeros. No es que no se ayude a los demás, sino que es inmoral no cumplirle a los que te eligieron o a tus “socios” en la riqueza nacional (Venezuela ahora es de todos), mientras se es generoso o no se escatima con los demás. Finalmente, un breve comentario sobre la polémica de los indicadores de salud, pues si la ministra asegura que recibe información semanal de todas las regiones del país, que explicación lógica determina que el presidente en su memoria y cuenta no presentara los datos actualizados, sí disponía de 14 días posteriores al último día del año para actualizarlo. La tecnología actual permite hacerlo en cuestión de segundos, como es que se le encomendó a la titular del despacho que buscara o llamara a quien fuera necesario y los datos no se presentaron. Adicionalmente, sí las cifras en salud o en cualquier aspecto son tan buenas, ¿Cuál es el recelo o el misterio con que se manejan? Quien está orgulloso de lo que hace más bien promueve las discusiones y el debate sobre sus resultados, para que la información sea certificada por terceros. ¿Qué mejores auditores que los adversarios políticos o gremiales? Negando el acceso a la información y negándose a confrontar las cifras lo que hace es sembrar dudas sobre la veracidad y precisión de la misma. En fin, en el análisis ético de cualquier gestión hay mucha tela que cortar, nadie es dueño del monopolio de la moral y la ética, por eso la máxima de Jesucristo mantiene la vigencia: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

LAS PREGUNTAS: ¿Se consideraría ético comercializar un producto que perjudica a la humanidad? ¿Quién tiene más responsabilidad el que lo produce o el que lo consume? ¿Cae el petróleo en esa categoría, considerando el cambio climático? ¿Es compatible el humanismo con la predica de un hombre mesiánico o se estaría negando la evolución y la capacidad de aprendizaje del ser humano? ¿Cómo se sentirá un diputado que ha sido señalado por manejos dolosos, pero no se le investiga, al ver el trato diferencial de los diputados que no han sido juramentados? Si la emergencia por los damnificados es cierta, ¿no debería la AN apoyar al ejecutivo sesionando con mayor frecuencia y duración?