sábado, 15 de mayo de 2010

DESCONFIANZA

Uno de los pilares fundamentales de las relaciones humanas (sociales, políticas, económicas, culturales, deportivas, etc.) es la confianza. En base a ella se establecen los acuerdos y se entablan las negociaciones, en base a ella se llega a la comunicación efectiva y a la escucha empática; entendiéndose por tales, al manejo de los mismos significados para los símbolos, signos y palabras, así como la disposición a entender la posición y/o visión del interlocutor. Sin esa intención, sin ese marco favorable o propicio es imposible que se puedan analizar los diferentes puntos de vista y que se puedan balancear objetivamente ventajas y desventajas de cada uno, para valorar o clasificar cuales son más convenientes a los intereses de la nación. Obviamente, el marco ideológico dentro del cual se establezcan las propuestas y razonamientos tiene que ser válido y actualizado, so pena de caer en la futilidad de discutir lo indiscutible o lo que no puede ser argumentado. A manera de ejemplo, está el caso de la rentabilidad o la ganancia tan satanizada por la ideología comunista que guía al gobierno. Va a ser imposible que mientras no se distinga entre la rentabilidad per se y el uso que se hace de los recursos que ella genera, que se pueda llegar a un consenso de país. La rentabilidad per se no solo es positiva sino necesaria por no decir indispensable, ya que ella es la que hace a una empresa autónoma, es decir, que se puede mantener por si misma gracias a la creación de riqueza de su proceso productivo. Por ahora, ninguna de las empresas creadas o expropiadas por los genios revolucionarios ha demostrado que pueda sostenerse sin el chorro petrolero; las primeras empresas expropiadas están cumpliendo 5 años bajo el mando revolucionario este año, que mejor momento para abrir sus puertas a sus accionistas (todos los venezolanos) y se puedan conocer o comparar sus resultados con los que tenían anteriormente y justificar la utilidad pública que se esgrimió al ejecutar la medida de expropiación. Sin ese cambio de paradigma: no satanizar la rentabilidad, sino al uso que se haga de los recursos que ella genera, la revolución está condenada al fracaso porque se está clavando un filoso cuchillo en el mero corazón. Solo depender de la riqueza petrolera, y por ahora no ha demostrado que genere riqueza en ninguna otra actividad, es una ilusión, porque entre el crecimiento de la población, la inflación y cualquier embate externo sobre el precio del barril, no hay esperanza de que los recursos alcancen. La discusión primordial en estos momentos es definir un nuevo acuerdo socioeconómico que rija las actividades productivas y comerciales de la nación. Recientemente, un diputado pidió públicamente la eliminación del ISLR y el IVA para combatir al capitalismo y encaminarse hacia el comunismo, pues más bien sería una mejor idea mantenerlos, pero responsabilizar al sector privado de su inversión en programas sociales y de fomento del empleo. El SENIAT seguiría fiscalizando los montos a recaudar y la implementación de los programas, mientras el sector privado que ha demostrado ser más eficiente en la administración, asumiría la responsabilidad de su ejecución exitosa. En teoría parece un mejor uso de los recursos públicos mientras contribuye a la reconciliación e integridad nacional que todos aspiramos. Mientras no se aborden este tipo de situaciones es improbable que florezca la confianza y si a eso añadimos otros factores como la parcialización o discriminación ideológica y la subjetividad en la evaluación e interpretación de la realidad, se configura un cuadro completamente inhóspito para la confianza. Posiciones acomodaticias que reconocen, veneran y celebran las intentonas golpistas del 92 contra un gobierno electo democráticamente, pero condenan y descalifican a los sucesos del 11 de Abril 2002, pecan de sectarias e intolerantes, si se considera que ninguna de las asonadas del 92 contó con respaldo popular y los hechos de Abril 2002, tenían un pueblo en la calle y últimamente se ha reconocido que fueron provocados o azuzados por el mismo gobierno, por lo tanto, debe asumir gran cuota de la responsabilidad por sus consecuencias. Esa terquedad, tozudez y falta de receptividad para analizar las causas del descontento que condujo a las sublevaciones en ambos casos por parte de las autoridades rojitas, no contribuye a la creación de un clima de credibilidad y confianza. Esa actitud de negar y condenar lo acontecido en 2002 de manera sectaria, constituye una evidencia tangible y manifiesta del irrespeto por la voluntad popular o sentir de la gente en ese momento y que se desbordó en una interrupción del hilo constitucional, debido a la sordera e intransigencia de las autoridades en imponer un modelo que la mayoría estaba rechazando. Lo menos que se puede ser es objetivo y dar un trato paritario a ambos acontecimientos, parcializarse ensalzando uno y condenando el otro es negar la igualdad que tanto se pregona, porque nadie puede considerarse a si mismo el dueño absoluto de la verdad sin caer en el latifundio o monopolio de la misma. Lo mismo ocurre cuando se descalifica a los trabajadores leales que apoyan a sus empresas, con expresiones burlonas tales como yo “me quedo con el amo tal”, mientras se alaba como patriotas, a las hordas que acompañan las invasiones y tomas de empresas bajo las instrucciones del ”amo rojo”
Adicionalmente, hay otros factores que colocan en entredicho a las autoridades, cuestionando su dominio de las áreas que dirigen y de los conocimientos necesarios para ello. Un gobierno que se ha jactado de reducir la pobreza de 70% a 25% (en realidad de 55% a 25%), de reducir la pobreza extrema de 25% a 7%, de alcanzar un índice de desempleo menor a 9% y haber subido en la escala de desarrollo humano de nivel medio a alto, debe preocuparse o al menos encender las alarmas viendo como la cuenta Twitter presidencial, recibe innumerables peticiones de ayuda para conseguir trabajo. El medio mas común para salir de abajo es mediante un empleo y esa disonancia entre las cifras oficiales y la cantidad de mensajes solicitando ayudas o pidiendo investigaciones, cuestionan y siembran de dudas la acción oficial, contribuyendo al clima de desconfianza. Las mismas declaraciones de voceros y anclas oficialistas sobre los costos de producción y la administración empresarial ponen en evidencia su escaso dominio del tema y lo peligroso de meterse a brujo sin conocer la hierba. Una cosa es el costo directo de producción y otra cosa son los gastos de operación o fabricación, aunque ambos deben ser cubiertos con el precio de venta que es la fuente del ingreso para las empresas. Considerar solo el costo de producción para la fijación de precios es engañarse a si mismo y engañar al pueblo porque esa operación nunca será autónoma, por el contrario tiene altas probabilidades de generar perdidas. Un productor agropecuario que paga vacuna religiosamente o tiene que pagar un rescate por secuestro, enfrenta mayores gastos por período aunque su costo directo de producción no se afecte; lo cual obviamente afecta los ingresos de la empresa, su estabilidad al lidiar con un mayor riesgo y conduce a la subida de los precios para sobrevivir en el largo plazo. Están sometidos los productores de otros países a esas distorsiones de sus gastos de fabricación? No, por lo tanto los precios son distintos. El garante de la seguridad en la nación está cumpliendo su función evitando que los productores sufran ese tipo de chantaje? No, por lo tanto somete a sus productores a condiciones de competencia desventajosas en comparación con otros países. Algo similar ocurre con los transportistas y el mal estado de la infraestructura vial que conlleva mayores gastos de mantenimiento en cauchos, tren delantero, muñones, amortiguadores, etc., mientras la inflación y la devaluación encarecen los repuestos y la mano de obra, obligando a cobrar más por el servicio prestado. Otra vez la acción oficial que soporta la infraestructura vial no apoya al comerciante nacional y lo coloca en condiciones desventajosas para competir o ser más eficiente. Lo que se impone es que la vocería oficial entienda la dinámica de las actividades productivas y comerciales antes de salir a opinar sobre temas que no domina, contribuyendo a la duda y desconfianza sobre la pertinencia de sus decisiones. Una vez que el sector oficial entienda esas actividades debe sentarse con cada uno de los actores a analizar de igual a igual (tal como lo pregona su defensa de la igualdad) la cadena de comercialización, para establecer condiciones que fomenten la actividad, la eficiencia, la innovación y la mejora continua en lugar de imponer su voluntad a la forzata. Si el gobierno tiene levantadas las estructuras de costo, porque no las presenta al país para que las conozca en detalle y honra su palabra de privilegio a la participación popular para que haga aportes sobre las mismas. Finalmente dos consideraciones acerca de los impuestos, relativas a cierta vocería oficial señalando falsas declaraciones por el sector privado. Si esa afirmación es cierta, conlleva el cuestionamiento del Seniat que cacarea todos los años que superó la meta de recaudación. Que sentido tiene esa afirmación si las declaraciones estuvieran “maquilladas”. La segunda consideración, es relativa al incremento “temporal” de 3 puntos del IVA para paliar la caída del precio del barril petrolero; ya la situación que motivó la medida pasó, entonces que sentido tiene someter a la población a ese gravamen en productos de higiene personal, vestido, calzado, servicios, etc. contribuyendo a la carestía de la vida y a menguar los ingresos del trabajador común o será que se necesita para cubrir los gastos de operación de las empresas expropiadas, cogestionadas o de propiedad social?

TOQUE DE HUMOR: Si el gobierno busca que el país se POLARICE, por qué insiste en su ataque a la POLAR?

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